Cambio de domicilio social y fiscal de una empresa : implicaciones, ventajas y trámite

 1. Antecedentes.

Muchas empresas se plantean el cambio de domicilio social y fiscal debido a la situación de incertidumbre e inseguridad jurídica, incluido el funcionamiento de la administración general y tributaria autonómica de la  en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

A continuación explicamos; conceptos de domicilio social y domicilio fiscal, implicaciones del lugar donde radiquen, trámites para su cambio.

2.Domicilio social y fiscal.

Las sociedades mercantiles se constituyen a través de una Escritura Pública y la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil. En ella se recogen los Estatutos Sociales que la regulan. Entre los datos que deben figurar está el domicilio social.

Se entiende como domicilio social el lugar que se incluye en los estatutos sociales, si bien éste habrá de coincidir con el lugar en el que se halle se halle el centro efectivo de administración y dirección de la empresa o, en su defecto, el lugar en el que radique su principal establecimiento o explotación.

Se entiende como domicilio fiscal el lugar de localización del obligado tributario (el obligado al pago de impuestos) en sus relaciones con la Administración Tributaria. En esa dirección es a la que se enviarán todo tipo de notificaciones administrativas y de control fiscal Debe necesariamente coincidir con el lugar donde se ejerza la gestión administrativa y la dirección efectiva.

Tratándose de empresas, lo normal es que el domicilio social y el domicilio fiscal coincidan, si bien el cambio del domicilio social no lleva aparejado el cambio del fiscal en ningún momento y viceversa. Son trámites diferentes.

3.Cambio de Domicilio social 

El artículo 285.2 de la Ley de Sociedades de Capital establecía hasta ahora que, salvo disposición en contrario de los estatutos de la empresa, el órgano de administración podía acordar un cambio de domicilio social dentro del mismo término municipal sin necesidad de convocar Junta de Socios ni a los Administradores.

Para cambios más complejos, como a nivel Autonómico-Estatal, se establecía la obligación de informar a los Administradores y la necesidad de que la Junta de Socios votara a favor de dicho cambio.

El 6 de octubre de 2017 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley de Medias Urgentes en Materia de Movilidad de los Operadores Económicos dentro del Territorio Nacional. Con esta nueva norma, las empresas podrán acordar un cambio de domicilio social sin necesidad de tener el visto bueno de la Junta de Accionistas, correspondiéndole dicha competencia únicamente al órgano de administración. Este procedimiento es de aplicación a todas las empresas, salvo a aquellas en las que los Estatutos hagan mención expresa de que el Órgano de Administración no tiene competencia para hacer el cambio de sede.

3.1 Trámites para realizar cambio domicilio social 

Al margen del proceso interno de la sociedad en concreto, lo que es necesario en todo caso es que:

  • Se produzca una modificación en los Estatutos de la empresa para reflejar el cambio de domicilio social.
  • Se firme ante notario una Escritura Pública confirmando la nueva dirección.
  • Se inscriba dicha escritura pública en el Registro Mercantil correspondiente, presentando previamente tanto la Escritura de modificación de estatutos, como el modelo 600 de autoliquidación del Impuesto sobre Operaciones Societarias reflejando su exención.

3.2 Comunicación del cambio social.

Una vez efectuado el cambio, se debe comunicar a:

  • La Tesorería General de la Seguridad Social. Pudiéndose llevar a cabo de forma telemática a través de su Sede Electrónica.
  • La Administración Tributaria. Para ello hay que presentar el modelo 036 de Declaración Censal, acompañando la Escritura Pública en la que consta el cambio y la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil.

3.3 Consecuencias del cambio de Domicilio social.

El cambio de domicilio social trae la Determinación de la jurisdicción, es decir, el domicilio social determina la normativa de tipo estatal, autonómica o local aplicable a la actividad societaria concreta.

Así el artículo 51 Ley de Enjuiciamiento Civil establece que “las personas jurídicas serán demandadas en el lugar de su domicilio”.

4.Cambio de Domicilio fiscal.

4.1 Trámites.

Para cambiar el domicilio fiscal de una empresa, a diferencia del domicilio social, únicamente se exige una obligación de comunicación.

  • Comunicación a la Administración Tributaria: Cuando un sujeto pasivo modifica el domicilio fiscal deberá ponerlo en conocimiento de la Administración Tributaria mediante el MODELO 036. Esta declaración se dirigirá a la Delegación o Administración de la Administración Tributaria a la que el obligado tributario haya trasladado su domicilio fiscal. En la actualidad este trámite se puede llevar a cabo de forma telemática a través de la plataforma web de Hacienda.
  • Comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social: Una vez efectuado el cambio, éste deberá ser comunicado igualmente a la Tesorería General de la Seguridad Social mediante el MODELO TA7.

4.2 Justificación del cambio.

Como norma general, para que se produzca el cambio de domicilio fiscal de una empresa basta con presentar ante Hacienda el formulario 036 al que hemos hecho mención anteriormente.

No obstante, si el domicilio social y el fiscal no coinciden es posible que la Administración solicite algún documento que pruebe que la empresa efectivamente se administra y dirige efectivamente en el lugar que ha identificado como nueva dirección fiscal, o cualquier otro documento que pueda acreditar que efectivamente se ha hecho el cambio.

4.3 Consecuencias del cambio de Domicilio fiscal.

Determinación de la Administración Tributaria competente.

Según el comunicado del Ministerio de Hacienda y Función Pública con fecha de 4 de septiembre de 2017, Cataluña dispone de su propia Administración Tributaria, la cual, es competente para gestionar sus propios tributos y los tributos estatales cuya recaudación se cede íntegramente a las CC AA de régimen común, como son:

  • Impuesto sobre el Patrimonio,
  • Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
  • Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
  • Tributos sobre el Juego y
  • Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

Los deberes de presentar las declaraciones y de pagar las deudas tributarias sólo se tienen por cumplidos si se realizan en la Administración Tributaria competente. Si se presentan ante otra Administración, las declaraciones se tendrán por no presentadas y las deudas por no pagadas.

En consecuencia, en el caso de los impuestos cuya gestión corresponde al Estado (principalmente el Impuesto de Sociedades), la AEAT podría iniciar procedimientos de comprobación, liquidar la deuda tributaria e imponer sanciones, así como iniciar el procedimiento de apremio para hacer efectivo el importe de la deuda.

Presentar declaraciones y pagar deudas tributarias en la Administración Tributaria no competente, podrían ser constitutivas de un delito contra la Hacienda Pública. En este sentido, se debe recordar que las personas jurídicas no tienen sólo responsabilidad tributaria, sino también responsabilidad penal, de acuerdo con el Código Penal. Además, sus administradores pueden incurrir en responsabilidad tributaria, como responsables solidarios o subsidiarios del pago de la deuda tributaria defraudada, en función de su grado de participación en la infracción tributaria.

5. Conclusiones 

Solo si (i) se desconfía del funcionamiento de la Administración Tributaria de Cataluña, (ii) de los Juzgados y Tribunales en Cataluña, y (iii) es posible trasladar la gestión administrativa y dirección efectiva fuera de la Comunidad Autónoma de Cataluña, sería recomendable el traslado del domicilio social y fiscal.

Jose María Dutilh Carvajal.

             

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